Continúa el ritmo acelerado de la administración de Donald Trump, la cual ha generado polémica desde el primer día. Este jueves se dio a conocer que un juez con sede en Seattle emitió un fallo en contra de la orden ejecutiva firmada por el presidente que quita la ciudadanía a los hijos de migrantes que nacieron en Estados Unidos.
Se trata de una suspensión temporal en contra del decreto que firmó el republicano solo unas horas después de asumir el cargo el lunes pasado, el cual restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país vecino.
“Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, dijo el juez John Coughenour, de acuerdo con el diario Seattle Times, durante una audiencia en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados.
De aplicar, la orden impediría la emisión de pasaportes, certificados de nacimiento u otros documentos a los niños cuyas madres están en el país de forma ilegal o temporal, y cuyo padre no sea un ciudadano estadounidense o tenga residencia permanente
En consecuencia, 22 estados de tendencia demócrata presentaron dos demandas ante la justicia para bloquear la acción, al igual que una coalición de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes que también entró con una tercera querella en otro estado.
El juez Coughenour escuchó a ambas partes en una audiencia este jueves en Seattle para atender la demanda suscrita por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón.
“Llevo en el banquillo más de cuatro décadas y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en éste”, dijo Coughenour, de acuerdo con Seattle Times.
“Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que es una orden constitucional”, dijo el juez al abogado de la administración Trump, según otros medios locales. “Me deja perplejo”, añadió.
Su fallo es el primero en abordar la orden que ha desatado críticas en el país.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento deja claro que la ciudadanía no puede estar condicionada por la raza, la etnia o el lugar de procedencia de sus padres”, reaccionó en un comunicado el fiscal general de Washington, Nick Brown.
“Ningún presidente puede cambiar la constitución en un impulso y la decisión de hoy afirma esto”, dijo por su parte el fiscal general de Arizona, Kris Mayes.






