La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que busca blindar las elecciones de 2027 y evitar que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a candidaturas.
La propuesta, enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su discusión en un periodo extraordinario, contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros del INE, que trabajaría en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El objetivo será detectar posibles nexos entre aspirantes y grupos delictivos antes de que sean registrados oficialmente por los partidos políticos.
Durante su exposición, Sheinbaum reconoció que desde el inicio de su administración se han detectado casos aislados de autoridades municipales presuntamente relacionadas con organizaciones criminales, situación que derivó en operativos e investigaciones en distintas entidades del país.
La mandataria señaló que la denominada “Operación Enjambre” permitió identificar vínculos entre funcionarios municipales y grupos delictivos. También hizo referencia a recientes casos registrados en Jalisco y Morelos, donde alcaldes y exfuncionarios fueron investigados o detenidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
La iniciativa establece que los partidos políticos podrán entregar voluntariamente las listas de sus aspirantes para que sean evaluados bajo criterios de riesgo. A partir de los resultados, cada instituto político decidirá si mantiene o retira las postulaciones señaladas.
El proyecto subraya que todas las investigaciones deberán realizarse bajo estrictos criterios de confidencialidad y respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, los aspirantes deberán autorizar expresamente ser sometidos a revisión.
Sheinbaum afirmó que esta propuesta surge tras denuncias ciudadanas y sostuvo que es necesario establecer mecanismos preventivos que permitan a los partidos conocer si sus candidatos tienen antecedentes o posibles vínculos criminales antes de competir en las urnas.
En paralelo, la Consejería Jurídica de la Presidencia informó que también se impulsa una nueva reforma al Poder Judicial, la cual plantea crear una comisión coordinadora encargada de homologar criterios y metodologías para evaluar perfiles de aspirantes a jueces y magistrados.
