Con objeto de definir procedimientos verificables, homogéneos y urgentes que protejan de la violencia a los 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes que constituyen una tercera parte de la población nacional, el diputado Jesús Cuanalo Araujo (PVEM) presentó una iniciativa de un código federal de protección de las infancias.
En su propuesta, el secretario de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados señaló que se trata de responder “a una brecha estructural: aunque México reconoce los derechos de la infancia en la Constitución y en tratados internacionales, no existe un instrumento federal que traduzca esas obligaciones en procedimientos mínimos uniformes”.
Esta dispersión, informó en un comunicado, tiene como resultado respuestas tardías, omisiones institucionales y revictimización, en un país donde 52.6% de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza y 3.7 millones realizan trabajo infantil.
El legislador federal señaló que la iniciativa, que se envió a comisiones, se presentó en el contexto de la reciente celebración del Día del Niño, y busca cumplir con las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son vinculantes para México, que las suscribió.
El contenido de ambas convenciones y el pacto “exigen no solo reconocer derechos, sino construir el andamiaje normativo que los haga efectivos: prevenir riesgos, detectar vulneraciones oportunamente, proteger de manera inmediata, restituir derechos y garantizar seguimiento institucional sin revictimización. Ese andamiaje, hoy, no existe con la coherencia y exigibilidad que la ley demanda”, resaltó.
Cuanalo Araujo señaló que la realidad que enfrentan las infancias se refleja en datos contundentes y refirió que “México enfrenta una crisis silenciosa de vulneración de derechos de la infancia, que se expresa en cifras de organismos oficiales e internacionales”.
Detalló que de los casi 39 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, 52.6 por ciento vive en situación de pobreza multidimensional, según datos del Coneval, y enfrentan barreras materiales para alimentación, salud, educación y vivienda; 3.7 millones de entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil, según el Inegi; y 12.2 millones en primera infancia (de 0 a 5 años) que están en la etapa de mayor plasticidad cerebral también son de máxima vulnerabilidad ante negligencia, malnutrición y violencia.
Afirmó que, si bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce derechos y establece una arquitectura institucional, en la práctica la intervención inmediata frente a riesgo o violencia depende de rutas dispares, protocolos no homogéneos, capacidades diferenciadas y criterios variables, y las áreas de salud, educación, asistencia social, trabajo, seguridad y justicia trabajan de manera heterogénea, lo cual deriva en omisión, duplicidad y una respuesta tardía.
Al respecto, planteó que el código de las infancias busca consolidar en un solo ordenamiento los principios, definiciones, obligaciones interinstitucionales y procedimientos mínimos para la prevención, protección inmediata, restitución de derechos y seguimiento de casos. No crea nueva institucionalidad, sino opera sobre las dependencias federales existentes, fijando estándares mínimos exigibles, concluyó.
