La FGR revela infiltración criminal en ayuntamientos, financiamiento de campañas y una red de corrupción que alcanza a políticos y empresarios
Un golpe sin precedentes contra la infiltración del crimen organizado en la política de Morelos dejó al descubierto una presunta red de vínculos entre funcionarios públicos y el Cártel de Sinaloa, tras un operativo federal que culminó con la captura de alcaldes, ex funcionarios y operadores políticos señalados de colaborar con estructuras criminales en la entidad.
El operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, derivó en la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; del ex presidente municipal de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, así como de cuatro funcionarios ligados al ayuntamiento de Cuautla.
Las investigaciones federales apuntan a que la estructura criminal liderada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, habría penetrado al menos ocho gobiernos municipales de Morelos mediante financiamiento ilícito de campañas políticas, presiones a adversarios y operaciones de lavado de dinero.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, confirmó que las órdenes de aprehensión fueron resultado de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, las cuales documentaron presuntos nexos directos entre servidores públicos y operadores del narcotráfico.
Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló que actualmente existen investigaciones abiertas contra 32 personas —entre funcionarios, empresarios y operadores financieros— además de 10 empresas presuntamente utilizadas para el movimiento de recursos ilícitos.
Las autoridades federales solicitaron además a la Unidad de Inteligencia Financiera el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con esta red criminal.
Entre los detenidos también figuran Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla; Horacio Zavaleta Malacara, funcionario municipal; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, y Arisbel Rubí Vázquez Amaro, ex candidata a la alcaldía de Atlatlahucan.
Las indagatorias también alcanzan al ex alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, identificado como presunto operador político durante la campaña de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.
De acuerdo con García Harfuch, esta ofensiva forma parte de la llamada “Operación Enjambre”, estrategia federal que busca desmontar redes de corrupción política ligadas a delitos como extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y delincuencia organizada.
El funcionario confirmó además que continúa la búsqueda de Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, sobre quien pesa una orden de captura.
El escándalo estalla mientras Morelos enfrenta una de las peores crisis de seguridad del país. Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a la entidad en el primer lugar nacional en extorsión presencial, mientras que Cuautla encabeza la lista de municipios con mayor incidencia de este delito en México.
Tan solo entre enero y marzo de 2026, Morelos acumuló 72 casos de extorsión presencial, alcanzando una tasa de 3.65 delitos por cada 100 mil habitantes, la más alta del país.
