La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó, en términos generales, la desaparición de siete órganos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Los legisladores de la oposición alertaron que esta reforma constitucional podría mermar la transparencia y la capacidad de evaluación de las políticas públicas del gobierno federal. Por su parte, los diputados del bloque oficialista defendieron la iniciativa, argumentando que su objetivo es lograr un ahorro significativo en el presupuesto del país.
La reforma a la Constitución impulsada por el expresidente López Obrador plantea trasladar las atribuciones de los órganos autónomos a dependencias federales, eliminando su autonomía de gestión.
Este jueves continuará el análisis de la reforma, y se anticipa que se introduzcan diversas modificaciones al dictamen antes de ser enviado al Senado.
En este contexto, las atribuciones de la Cofece relacionadas con el combate a prácticas monopólicas serán asumidas por la Secretaría de Economía. Por su parte, las funciones del IFT en la conducción y formulación de políticas de telecomunicaciones y radiodifusión se integrarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Además, las responsabilidades del Coneval para medir la pobreza y evaluar la efectividad de los programas sociales serán trasladadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Asimismo, las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se repartirán entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), los órganos de control del Poder Judicial y las contralorías del Congreso de la Unión.
Las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía serán asumidas por la Secretaría de Energía, mientras que las competencias de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
