e cara a las elecciones de juzgadores prevista para 2027, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, alertó sobre el riesgo de enfrentar “la tormenta perfecta” en caso de que estos comicios se efectúen, en conjunto, con las elecciones políticas de legisladores federales y de gobernadores estatales. Por ello planteó la urgencia de separarlas.
En un panel, en el marco del IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, puntualizó: “no estoy diciendo que no vayan a salir las elecciones. Tenemos un gran Instituto Nacional Electoral y también demostramos que tenemos un gran Tribunal Electoral. Va a salir. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo de legitimación de las elecciones?”.
Señaló que “por el bien de México”, hay que separar los comicios de juzgadores de los de la política ordinaria. “Es lo correcto y es lo que tiene funcionalmente que hacerse”.
Ante autoridades electorales de diversas regiones del país, De la Mata explicó que «estamos ante una tormenta perfecta derivada del mal diseño legislativo en prácticamente todo, pero particularmente en una cosa, que la elección judicial coincida con la elección constitucional ordinaria”.
Indicó que se debe revisar la reforma judicial en varios temas, como las reglas en torno a campañas electorales, boletas de votación, fiscalización, capacitación, geografía electoral, así como los requisitos de selección de candidatos, son confusos.
Advirtió además que “hay peligro alto de impugnaciones por rompimiento a los principios de equidad y hay que recordarlo también, no estoy diciendo que vaya a pasar, la nulidad de más de una elección”.
Por su parte, en un panel sobre Inteligencia Artificial (IA), el magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que el uso de tecnologías como ésta debe asumirse como una política de Estado para fortalecer la capacidad de respuesta de los tribunales frente al volumen de asuntos que atienden.
Sin embargo, advirtió que su instrumentación debe partir “de una premisa irrenunciable: debe ser una herramienta auxiliar, pero nunca un sustituto del juez”. En ese sentido, agregó que su empleo debe darse bajo condiciones mínimas que garanticen la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía. En primer lugar, expuso, garantizarse una transparencia algorítmica. “Que los modelos que se usan sean comprensibles, auditables y explicables”, señaló.
