La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó un total de 70 denuncias -14 de ellas penales-, en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y diversos exfuncionarios de su administración, por la presunta adjudicación ilícita de contratos de obra pública a empresas ligadas a los hermanos Carmona, que suman un quebranto al erario de casi 344 millones de pesos.
El director jurídico de la dependencia estatal, Iván Saldaña Magaña, reveló que son dos grupos empresariales ligados a los Carmona, los que fueron beneficiados de manera ilícita con estos recursos.
“Las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Perma, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, precisó.
Saldaña Magaña dio a conocer que el quebranto se dio luego de la contratación por adjudicación directa de dos compañías para brindar servicio de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad durante su administración, en complicidad con exfuncionarios y empresas ligadas a los hermanos Carmona.
“(Las denuncias) son en contra de exfuncionarios de esta dependencia y de diversas áreas de la estructura orgánica del ejecutivo estatal, incluyendo desde luego al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, dijo el director jurídico.
Estas denuncias, agregó, son el producto de una exhaustiva investigación y diversas reuniones de gabinete ha revelado presuntas irregularidades y actos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones en la pasada administración estatal, precisó Saldaña Magaña.
Entre los señalados en las 70 denuncias se encuentran la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, así como el exsubsecretario Román Castillo, Horacio Rojas y Alejandro Aguilar.
El funcionario estatal detalló que el esquema implementado para concretar el desfalco operó mediante contratos irregulares en los ejercicios 2017 y 2018, adjudicados a las empresas Permart, de Julio Carmona, y Joser, de Carlos Romero, sin licitaciones, cotizaciones ni contratos firmados.
El quebranto se compone de 221 millones que corresponden a recursos estatales y 122 millones a fondos federales.
Iván Saldaña Magaña, subrayó que las denuncias se presentaron ante la autoridad correspondiente luego de una serie de exhaustivas auditorias, y no son errores administrativos, son inconsistencias que muestran un patrón de corrupción.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud estatal; Norma Angélica Pedraza Melo secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y Luisa Eugenia Manotú Galván, secretaria de Administración.
